AUSTIN, TX.- Luego que un tribunal federal levantara parte del bloqueo a la ley SB4, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, abrió el proceso para que residentes denuncien a las autoridades o localidades que se nieguen a cumplir con las porciones que están en vigor.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidió este lunes darle luz verde a dos secciones de la ley: la que establece que no se puede prohibir que los funcionarios de Texas (entre ellos policías y agentes de alguaciles) asistan a agentes de inmigración y la que obliga a las cárceles a cumplir con los ‘detainers’ del Servicio de Inmigración y Aduanas, de acuerdo con las políticas actuales de ICE.
“El Quinto Circuito confirmó rápidamente lo que mi oficina y yo hemos mantenido: que la Ley SB4 es una medida de sentido común que previene que los gobiernos en Texas obstaculicen las leyes de inmigración», indicó el martes Paxton, uno de los principales promotores de la SB4, en un comunicado. «Al aplicar provisiones clave de la SB4, vamos a prevenir que criminales peligrosos sean puestos en libertad en nuestras comunidades».
Según su oficina, cualquier ciudadano puede presentar una declaración en la que se detalle cómo su localidad o representante está violando la legislación. El denunciante se compromete, bajo riesgo de perjurio, a que «los hechos son verdaderos y correctos a su leal saber y entender». Estudiantes y empleados de universidades también pueden presentar querellas.
El fiscal general también abrió una línea de ayuda (1-833-892-7396) para contestar preguntas sobre la SB4.
Por su parte, el desbloqueo de partes de esta medida llevó al departamento de Austin a anunciar una serie de procedimientos.
Asimismo, la alguacil del condado Travis, Sally Hernández, ordenó a sus empleados empezar a cumplir con todas las solicitudes de retener en su cárcel a las personas sospechosas de estar en el país indocumentada. Hernández ha sido una de las principales detractoras de la SB4.
Antes del fallo de la corte, la alguacil solo cumplía las solicitudes que implicaban a sospechosos de asesinato, asalto sexual agravado, tráfico humano y otros crímenes violentos.
“Como he mantenido a lo largo de todo este proceso, no he violado la ley federal o estatal ni lo pretendo hacer. Nuestra política se ha actualizado para cumplir con las conclusiones de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito”, señaló Hernández en un comunicado de prensa.
La Corte de Apelaciones agendó una audiencia para el próximo 6 de noviembre. Ciudades, condados y asociaciones hispanas demandaron al estado porque señalan que la ley es anticonstitucional.
Un juez federal bloqueó partes de la ley dos días antes de que entrara en vigor, pero el estado apeló.
