SAN ANTONIO, TX.- Un juez federal de San Antonio, Orlando Garcia, bloqueó este miercoles gran parte de la controversial ley contra las «ciudades santuario» en Texas, conocida como SB4 que obliga a los policías preguntar sobre el estatus migratorio.
La ley, que estaba prevista a entrar en vigencia el viernes 1 de septiembre, iba a permitir a las autoridades preguntar sobre el estatus migratorio de personas detenidas en cualquier parte de Texas.
Esta tarde, durante una conferencia de prensa sobre la contigencia en Texas, el Gobernador Greg Abbott no fue muy claro en responder a una periodista que le preguntó sobre la implementación de esta ley a partir de este viernes.
»El Departamento de Seguridad Pública de Texas ha informado que no se les pedirá identifcación ni se les preguntara el estatus migratorio a los afectados que lleguen. Muchas Gracias», dijo Abbott.
Y es que por la magnitud de la catástrofe de las inundaciones en Texas muchos deseaban que deseaban que algo sucediera con la polémica Ley SB4 que entraba en vigor este viernes, 1 de septiembre.
Desde que se anunció su implementación, diversas ciudades como San Antonio, Dallas y Austin interpusieron demandas contra dicha ley.
Hasta el final de la semana pasada, organizaciones, iglesias y Departamentos de Policía como Irving, Fort Worth, Arlington entre otros, han organizado foro comunitarios para explicar a los residentes que ellos no harán tareas de agentes de inmigración o ICE.
Y el miedo es tal que muchas personas entrevistadas por Telemundo 39 en el norte de Texas, ya tienen hechas sus maletas para irse de Texas. Otros aún tienen esperanzas de que al menos, la suspendan temporalmente. Y se cumplió.
Según la ley SB4, el detenido debe de haber cometido un delito, y esto puede ser tan simple como una infracción de tránsito. Entonces los policías están obligados a preguntar el status migratorio y de ser indocumentados, serán arrestados y remitidos con ICE para su deportación.
Para eso, el magistrado evaluará las distintas partes de la SB4, que incluyen:
-La sección 752.053, que hace ilegal mantener cualquier política santuario que prohíba preguntar a alguien sobre su estatus migratorio, compartir esa información con cualquier agencia, asistir durante una deportación, o permitir que entre un agente federal de inmigración a una cárcel,
-La sección 752.056, que establece sanciones económicas diarias para los funcionarios o entidades que mantengan políticas santuario, comenzando con una multa civil de entre $1,000 y $1,500 por la primera infracción y luego entre $25,000 y $25,500 por cada día de resistencia,
-La sección 752.0565, que da al fiscal general de Texas la habilidad de pedir a un juez que destituya a cualquier funcionario público que viole la SB4, basándose incluso en comentarios de ese funcionario contra la medida,
-La sección 772.0073, que establece un fondo para costear los gastos que surjan en las ciudades y condados que cooperen con ICE o cumplan sus solicitudes de detención extendida en las cárceles,
el artículo 2.251, que obliga a cada jurisdicción a obedecer los ‘detainers’ de ICE. (Los ‘detainers’ son solicitudes -de naturaleza voluntaria- que envía ICE a las cárceles para mantener detenida a una persona cuya liberación ha sido ordenada por un juez. Esto le da hasta 48 horas a los agentes de inmigración para tomar custodia de esa persona desde la prisión bajo «causa probable» de que sea indocumentada.)
-El artículo 42.039, que facilita transferir a alguien sujeto a un ‘detainer’ de ICE desde la cárcel a la custodia federal, durante sus últimos 7 días en prisión,
-La sección 402.0241, que permite al fiscal general de Texas utilizar fondos estatales para defender en corte a cualquier jurisdicción que sea demandada por cumplir con los ‘detainers’ de ICE, y la sección 39.07, que convierte en delito menor el incumplimiento de cualquier ‘detainer’ de ICE.
La decisión de este viernes no deja claro de inmediato cuáles secciones de la ley sobrevivirán el reto legal.
Cortesía: Univision y Telemundo
